Por Gustavo Albano Abreu^*.

Publicado en Revista de Derecho del Deporte de la Universidad Austral. Número 4. Abril 2013.

 

Sumario: 1. Introducción. 2. Evolución histórica de la responsabilidad civil en materia de lesiones entre deportistas. 3. Los fallos más conocidos de la jurisprudencia argentina en materia de lesiones entre deportistas en un lance de juego. Los casos “Cotroneo c/ Banfield”, “Berman c/ Goldin”, “Telechea c/Beldrio” y “Gil, Osvaldo c/ Sociedad de Fomento”. 4. La autorización estatal en el fútbol. 5. La asunción de los riesgos en el fútbol. 6. El Caso “Pizzo c/ Camoranesi. Los hechos. 7. Argumentos de la Parte actora. 8. Argumentos de la parte demanda. 9. Argumentos del Club Aldosivi. 10. La Sentencia de la Primera Instancia. 11. Los agravios del co-demandado Camoranesi. 12. La Sentencia de la Segunda Instancia. 13. El voto del Dr Mendez. 14. El voto del Dr Rosales Cuello. 15. El voto del Dr Loustanau. 16. La responsabilidad del Club del lesionador. 17. A modo de conclusión.

1.Introducción

Cuando un deportista sufre un daño durante el desarrollo de una competencia deportiva se presenta la cuestión de saber si aquel tiene -o no- derecho a una indemnización, y en tal caso, a cargo de quién resulta la obligación. Como principio general, las características propias del deporte han determinado que no pueda juzgarse la eventual responsabilidad de los participantes con el mismo criterio con que se aprecia la culpa en general (art. 1109 del Código Civil argentino)[1], de donde, según algunos autores, no puede verse un acto ilícito en la actuación de un jugador que hubiese procedido de una manera capaz de comprometer su responsabilidad fuera del juego[2].

La sentencia del caso “Pizzo c/ Camoranesi” es una de las muy pocas –en el mundo- que ha responsabilizado civilmente a un futbolista –el dañador Camoranesi- condenándolo a indemnizar a otro –el lesionado Pizzo- por los daños ocasionados en un lance de juego, esto es, estando ambos deportistas disputando la tenencia de la pelota[3].

Debe destacarse que la jurisprudencia en materia de lesiones graves producidas entre deportistas en pleno juego es escasa. Quizás ello se deba a que desde la Antigüedad, el principio general ha sido el de la impunidad penal y el de la irresponsabilidad civil del deportista dañador siempre que hubiera actuado dentro del marco de las reglas de juego de un deporte aceptado por el Estado[4].

Según los autores que así lo postulan[5], la autorización estatal como causa de justificación viene desde la antigüedad, más precisamente de Grecia (o la Hélade, en realidad), que estaba constituida por ciudades-estados denominadas polis, cada una con su propia legislación y soberanía, pero donde las competiciones panhelénicas se organizaban regularmente entre los ciudadanos de las diferentes ciudades.

En la cuna del deporte organizado, no existió un Estado centralizado que pudiera eventualmente autorizar administrativamente los deportes como en la actualidad y tampoco puede hablarse de la existencia de reglas de juego tal como hoy se las concibe[6]. Sin embargo, la asistencia y participación de las autoridades de las ciudades más importantes del mundo heleno en los juegos Panhelénicos, permiten hablar de una particular “autorización del Estado”.

Por otro lado, la teoría “de la asunción del riesgo” -que el demandado Camoranesi utilizó en su defensa- en ocasiones opera inconscientemente en los deportistas víctimas de lesiones convenciéndolos de que el daño sufrido debe ser aceptado como un infortunio del destino, sin importar su gravedad. Esta construcción teórica postula que “el consentimiento tácito” que la victima  parece prestar  en todos aquellos casos en que asume el riesgo de sufrir un daño, tendría  el valor de una convención sobre entendida con otra persona, por la cual aquella renuncia por anticipado a reclamar  eventualmente una indemnización por los perjuicios que pueda sufrir[7].

En la práctica, según manifiesta el lesionado –Pizzo-, la asunción de los riegos deportivos es una cuestión de medida, que reconoce en principio y en los deportes permitidos y organizados por el Estado, que las lesiones corresponden a la esfera de lo lícito. Pero esta licitud inicial -o esencial-, no importa convalidar o aceptar la mala intención de los jugadores, ni las graves imprudencias o los excesos en perjuicio de los rivales[8].

El caso analizado permitirá hacer un recorrido sobre la jurisprudencia predominante en materia de lesiones entre contrincantes en el fútbol  que, desde  el caso “Cotroneo” hasta el presente, con el dictado del fallo “Pizzo c/ Camoranesi”, se basa fundamentalmente en la tesis que postula que la autorización estatal origina dos clases de ilicitudes o infracciones a las reglas de juego deportivas: las comunes en las que la irresponsabilidad es la regla[9] y las extraordinarias, que serían ilícitas en sí mismas, sin posibilidad de justificación por parte del deportista lesionador[10].

El propósito de este comentario será entonces analizar si dicha fundamentación es  jurídicamente apropiada y si la teoría de “la asunción del riesgo” empleada por la defensa de Camoranesi, es aplicable a los casos de lesiones entre deportistas de deportes no riesgosos como el fútbol.

2.Evolución histórica de la responsabilidad civil en materia de lesiones entre deportistas

Si se hace memoria respecto de los casos en que deportistas lesionados demandaron judicialmente al lesionador por daños ocasionados durante el juego, no sólo en Argentina y en el fútbol, sino en todos los deportes y en todo el mundo, se podrá apreciar fácilmente que, desde tiempos remotos, la jurisprudencia es muy escasa debido fundamentalmente a que no existe conciencia en los actores del sistema deportivo de que por las lesiones o por la muerte producida en plena competencia deportiva, se puede responsabilizar al deportista que causó el daño.

Ya en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad (-776 al 395) existía una especie de inmunidad legal de los atletas que dañaban o mataban accidentalmente a sus rivales[11]. Probablemente ello se deba a que en esa época en disciplinas como el pugilato, la lucha y el pancracio los riesgos de lesiones graves y de muerte eran considerables, y que los legisladores, asiduos participantes y asistentes a los Juegos Panhelénicos, se hayan visto influidos para establecer la irresponsabilidad por la muerte del adversario[12].

En Roma, en materia de daños causados entre personas se recurrió en una primera etapa a una figura penal como la “injuria”[13].  La Ley de la XII Tablas (a mediados del siglo V antes de Cristo), no comprendía más que los ataques a la persona física, golpes y heridas más o menos graves, pero sin distinguir si había intención culpable o simple imprudencia. Ya en el Derecho Clásico la noción de la injuria por un lado se restringió exigiéndose la intención de dañar para que hubiera delito pero por el otro se amplió desde el punto de vista de los hechos que la constituían, agregándose el ataque a la personalidad bajo las formas más diversas: golpes o heridas, difamación escrita o verbal, violación de domicilio, ultrajes al pudor y, en general, todo acto que comprometiera el  honor y la reputación ajena.

No obstante el avance del Derecho Romano respecto de otros pueblos civilizados de la antigüedad en temas de responsabilidad por daños, no se encuentra un desarrollo teórico de un principio general de responsabilidad[14] pero en materia de accidentes en el deporte se conocen antecedentes que dieron lugar a respuestas de los iurisprudentes[15] y a decisiones pretorianas que en definitiva dejan en claro que el consentimiento del deportista, si era ciudadano romano, es decir si poseía los tres status: libertatis, civitatis y familiae, impedía cualquier reclamo salvo que el daño fuera doloso o se causara violando las reglas del juego[16].

En la Edad Media no se registraron avances significativos respecto de la responsabilidad por daños causados entre deportistas a pesar de que en los Torneos y en las Justas se producían gran cantidad de heridos y muchas muertes[17]. Tampoco se produjeron cambios relevantes en la Edad Moderna y ello se ha debido, quizás, a que los deportes que llegaron a tener un mayor grado de desarrollo y organización desde  los Juegos Olímpicos griegos hasta esas épocas, eran los practicados por los integrantes de las clases sociales más altas que veían en la práctica de sus deportes y pasatiempos favoritos, antes que un medio de ascenso social o de procurarse un medio de vida, tan sólo una forma de relacionarse socialmente entre pares que compartían un código moral que estaba por encima de las simples reglas de juego.

Ya en el siglo XX, con la llegada del profesionalismo y el reconocimiento de la relación laboral del deportista profesional con el club, en especial en el fútbol, a partir del caso “Eastham vs Newcastle”(1963) en Inglaterra[18], cambiaron sustancialmente los valores. El amateurismo exigía que los deportes se practicaran sólo entre los integrantes de determinado grupo social, por ello sus reglas se crearon para mantener a los miembros de otras clases sociales alejados de su práctica^[19] . Dentro de esa estructura social, no existía posibilidad alguna de acciones judiciales buscando un resarcimiento económico si en la disputa deportiva se producían lesiones entre deportistas.

Tanto en las legislaciones antiguas como en las modernas[20], el principio general ha sido siempre el de la impunidad penal e irresponsabilidad civil del jugador lesionador cuando ha actuado correctamente y el deporte ha sido previamente autorizado por el Estado. Esta distinción es fundamental, ya que, en defecto de esa autorización, los daños ocasionados en un deporte no autorizado se rigen por las normas comunes sobre responsabilidad^[21].

3. Los fallos más conocidos de la jurisprudencia argentina en materia de lesiones entre deportistas en un lance de juego. Los casos “Cotroneo c/ Banfield”, “Berman c/ Goldin”, “Telechea c/Beldrio” y “Gil, Osvaldo c/ Sociedad de Fomento”

Entre los escasos precedentes judiciales sobre la materia en fútbol, el primero y más importante por su influencia en la jurisprudencia nacional, es el caso “Cotroneo c/ Banfield y otro”^[22]  de 1982, donde se resolvió que “…el deber de responder por las lesiones deportivas tiene origen en los siguientes casos: a) cuando existe una acción «excesiva» que viola grosera y abiertamente el reglamento del juego. Y  b) cuando existe intención de provocar el resultado dañoso, sea durante el desarrollo del juego o bien cuando éste se encuentre detenido”^[23].

La doctrina del fallo  “Cotroneo” fue  seguida y ampliada  por la Cámara Nacional Civil, Sala A, en 1995 en el fallo, “Berman Gerardo R. c. Goldin, Jorge N.”^[24], pero haciendo una distinción respecto de su precedente al no adherir a ninguna doctrina  en particular, puntualizando:“…que cualquiera sea la posición doctrinaria a que se adhiera en esta materia de lesiones por accidentes en el deporte, debería concluirse que en la especie el deber de responder tendría su origen, al menos, en una acción <excesiva> o de <notoria imprudencia o torpeza>,  agregando que “aun asumiendo que el deporte del fútbol tiene riesgos inherentes a su práctica normal y que, conforme lo sostiene Orgaz, la autorización estatal crea una presunción de licitud en cuanto a las consecuencias que resultan de su ejercicio, <según el curso natural y ordinario de las cosas> (conf. art. 901, Cód. Civil), de modo que las lesiones derivadas de tales acciones estarían de antemano justificadas como la actividad misma de la que proceden, debería coincidirse que el caso en examen encuadra entre aquellas hipótesis que, según el propio autor, acarrean responsabilidad civil…”^[25]

En ambos casos los deportistas fueron  responsabilizados  por lesiones provocadas durante el encuentro deportivo pero sin disputa del balón, ya que en “Cotroneo” segundos antes del golpe  había sido  sancionada una falta, y en “Berman” la pelota estaba en  poder del actor al ser agredido. En ninguno de los dos casos “la pelota estaba en juego” es por eso que resulta sumamente interesante la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Azul en el caso “Telechea c/Beldrio” en el año 2005, que decidió confirmar parcialmente la sentencia de  primera instancia y condenar a un  futbolista  que lesionó a otro  en un lance de juego con disputa del balón^[26].

En este caso, se adhirió a la tesis de la autorización estatal para justificar la presunción de “licitud” que ampara los daños deportivos, y se afirmó que esta postulación abarca todas las consecuencias dañosas que irroga el juego dentro del reglamento y también aquellas infracciones reglamentarias que son ‘normales’ o ‘inevitables’ en vista de las características de la actividad de que se trate, compartiendo en lo sustancial  la  postura sentada en el fallo “Cotroneo” y la tesis de Alfredo Orgaz, a las que se hizo expresa referencia.

En el caso «Gil, Exequiel Osvaldo y otro contra Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural Siglo XX y otro. Daños y perjuicios”^[27], la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se focalizó en los riesgos del deporte y sus límites, afirmando que  en todo partido de fútbol los jugadores se exponen a los riesgos propios de esa práctica deportiva que muchas veces derivan en lesiones. Cuando tales lesiones provienen del riesgo normal que imponen las reglas del juego, ellas quedan cubiertas por la «licitud» del mismo. Agregó además que la irresponsabilidad en los accidentes deportivos, resulta de la concurrencia de diversos elementos: la licitud del juego o deporte mismo; el consentimiento de la víctima para exponerse y someterse a los riesgos inherentes al deporte que practica; la ausencia de dolo, culpa u otra circunstancia que comporte la responsabilidad del autor del daño; y finalmente la observancia de las reglas, pragmáticas o cánones del juego o deporte de que se trate ^[28].

Finalmente el Tribunal reconoció que el ejercicio de toda actividad deportiva requiere de un esfuerzo físico y/o intelectual superior al habitual, a la par que implica un riesgo en el que se ven comprometidos sus contendientes, y adhirió a la postura que señala como causa justificante para excluir la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil a la autorización del Estado, pero excluyendo expresamente  la  asunción del riesgo como causa de exoneración, si no se demuestra una falta de la víctima[29].

Con  especial referencia a “Cotroneo”,  concluyó en que la licitud deportiva abarca las consecuencias dañosas que irroga el juego dentro del reglamento, como así también aquellas infracciones reglamentarias que son normales o inevitables en vista de las características de la actividad de que se trate, y por ello las lesiones deportivas sufridas por un jugador sólo dan lugar al deber de resarcir cuando media una accionar que viola el reglamento del juego y denota un obrar culposo por imprudencia o torpeza o, claro está, cuando existe un obrar intencional dirigido a provocar el daño.

4. La autorización estatal en el fútbol

Como ya se dijo, parte de la doctrina encabezada por Orgaz ha sostenido que la autorización legal de la práctica de un deporte actúa como causa de justificación. En ese entendimiento la intervención del Estado hace que las lesiones que resulten de practicar los deportes autorizados, cuando sean acciones propias del juego, no generen responsabilidad civil ni penal por el hecho ilícito. En tal caso, dichas acciones no serían propiamente inculpables, sino lícitas^[30].

La tesis se apoya en lo normado por el art. 2055 del Código Civil^[31], que tácitamente reconoce la licitud de los juegos deportivos, con posterioridad, luego a partir de 1904, se agregó la ley 4.345 de Fomento de los juegos atléticos y del fútbol, desde 1969 se basó en la ley 18.247 de Fomento y Desarrollo del Deporte y, finalmente, en la Ley Nacional del Deporte 20.655^[32] de 1974 todavía vigente, y en numerosas leyes nacionales y provinciales de fomento y promoción de los deportes^[33] en virtud de que el deporte no es una materia expresamente delegada al Estado Federal.

Según el profesor cordobés el deportista dañador sólo respondería “por daños causados con violación a las reglas de juego con notoria imprudencia o torpeza (acciones excesivas o brutales): responsabilidad penal y responsabilidad civil por “exceso” en el ejercicio del deporte (art. 35 del Cód . Penal)^[34]. Otra parte de la doctrina cuestiona esta postura basándose en la distinta jerarquía de las normas administrativas que autorizan la práctica deportiva frente a las que sancionan penalmente o determinan la responsabilidad por daños^[35].

Además de la jurisprudencia ya citada, también se ha resuelto que la <licitud> del deporte llevado a cabo con autorización estatal abarca todas las consecuencias dañosas que irroga el juego dentro del reglamento y también aquellas infracciones reglamentarias que son <normales> o <inevitables> en vista de las características de la actividad de que se trata[36] y que la autorización del Estado para practicar un deporte riesgoso constituye una causa de justificación suficiente para eximir de responsabilidad civil al club y a la asociación organizadora del evento, respecto del daño sufrido por un jugador como consecuencia de un accionar normal y habitual en el juego[37].

Nuevas doctrinas consideran que en el estado actual de la doctrina de la responsabilidad, es materia sentada que la autorización otorgada por el Estado para desarrollar una determinada actividad no intercede en la concreción del deber de reparar el daño, el que se regiría por normas que le son propias y que determinan en cada caso si la actividad, en principio lícita por estar autorizada, genera, por sus características, la obligación de resarcir el daño causado. Dicho estado doctrinario ha sentado la premisa de que la actividad lícita, aún autorizada, se transforma en ilícita cuando provoca un daño por violación del deber general de no dañar a otro, implícito en el art. 19 de la Constitución Nacional[38].

Pero quizás la crítica más importante que ha recibido la tesis de la “autoridad estatal” sea la que observa un error de principio en el positivismo legalista que la sustenta dado que busca resolver la cuestión de las lesiones deportivas solo mediante preceptos de la ley positiva de los cuales se deduce que causar la muerte o lesiones en los deportes, dentro de ciertos límites es un acto permitido[39]. Para ello se citan ejemplos de actividades autorizadas por el Estado y por ende lícitas que no importan que quien las realice esté eximido de resarcir los perjuicios que resulten de ella[40].

5.La asunción de los riesgos en el fútbol

La denominada asunción de riesgos no surge del derecho positivo argentino, si a ello se le suma la variedad de criterios imperantes, tanto en la doctrina  como en la jurisprudencia nacional[41] y extranjera[42], se puede inferir que su delimitación conceptual parece de cumplimiento imposible. La aceptación de riesgos como factor que permite atribuir el daño a la propia víctima, es una creación de la jurisprudencia francesa de mediados del siglo XIX[43] y se configura cuando una persona se expone en forma consciente y voluntaria a un peligro específico creado por otro[44].

Si el daño se causa en la práctica de un deporte, con pleno cumplimiento de las reglas de juego, el lesionador no debe reparar a la víctima. El fundamento de esta teoría reside en la aceptación, por los participantes, de los riesgos propios de cada deporte[45]. En nuestro país no existe acuerdo pacífico en doctrina sobre el concepto, algunos autores afirman que es una eximente autónoma, y otros se manifiestan por la posición contraria[46].

El Proyecto de Código Civil y Comercial 2012 establece que la asunción voluntaria de riesgos por parte de la víctima será determinante en los casos en que esta conducta implique una contribución causal al resultado dañoso^[47], pero no obstante la ausencia de regulación positiva hasta el presente, la jurisprudencia ha aplicado esta construcción jurídica para liberar al deportista dañador del deber de reparar el daño ocasionado al dañador[48].

En la práctica, en la mayoría de los casos, no se celebra un acuerdo de irresponsabilidad pero como la asunción de riesgos puede ser unilateral, lo que generalmente ocurre es que, sin declaración al respecto, se produce  una aceptación tácita del riesgo derivado de la actividad deportiva y de las acciones de cada jugador[49]. De todos modos, cuando los daños son sufridos en la propia persona o en su integridad física, la aceptación de los riesgos no tiene aptitud para hacer desaparecer la ilicitud de la acción del dañador, por cuanto las personas carecen de poder de disposición sobre tales bienes que están fuera del comercio y sin de interés público[50].

Para algunos autores  la aceptación de riesgos, como factor que permite atribuir el daño a la propia víctima, sólo se configura cuando una persona asume un riesgo anormal o extraordinario y esta conducta es idónea para dañarla[51].  Y en el fútbol, los deportistas no se exponen a un riesgo anormal o extraordinario, por lo que la responsabilidad de los protagonistas del juego debería valorarse por la actuación que le cupo personalmente a cada jugador en el evento dañoso[52].

6. El Caso “Pizzo c/ Camoranesi. Los hechos

El día 14 de agosto de 1994, en oportunidad en que se desarrollaba un partido de fútbol entre  los  primeros  equipos  del club Alvarado y de Aldosivi, ambos de la ciudad de Mar del Plata,  cuando promediaban  los 40 minutos del primer tiempo, Roberto Javier Pizzo recibió  la pelota sobre la franja izquierda del sector medio  de su propio campo[53], bajándola y punteándola. En dichas circunstancias, por su lateral derecho apareció el jugador  Camoranesi,  quien  con su pierna  izquierda  en forma de «plancha», golpeó con la planta del botín sobre la cara interna de la rodilla izquierda de Pizzo.

A raíz de tal hecho, el actor  sufrió  lesiones  en  el  ligamento  cruzado anterior,  en el ligamento   cruzado   posterior,   en el ligamento lateral externo, en los meniscos interno y externo, en la cápsula de la rodilla, en el tendón del biceps, en el nervio, sufrió varios hematomas y desgarros, estando  a  punto  de  ser  seccionada  la arteria  femoral. Ante  tal  situación,  el árbitro del encuentro suspendió de  inmediato el juego, convocando a los  auxiliares  médicos  y  expulsando a Camoranesi.

El día 17 de agosto de 1994 se le realizó a Pizzo la primera  intervención  quirúrgica, con un periodo de rehabilitación lento y doloroso, debiendo permanecer con yeso y en total reposo durante un mes, para  luego desplazarse con muletas, sometiéndose a partir  del  27 de septiembre del mismo año a sesiones de  fisioterapia. El día 9 de marzo del 1995 fue operado nuevamente, dada la complejidad del daño, con nuevo período posterior de rehabilitación.

7.Argumentos de la Parte actora

El jugador lesionado afirmó que el demandado Camoranesi no tuvo intención de jugar la pelota,  sino  que  movió  su  pie  en  forma  elevada, apuntando  directamente  a la pierna del accionante, en una actitud que califica como dolosa, a  sabiendas de que el balón se encontraba en otro sector. Que la  «plancha»  ejecutada por  el  demandado, además de  ser   antirreglamentaria es considerada de alto riesgo y sus consecuencias son plenamente conocidas para quienes practican fútbol, más aun  para  aquellos, como el accionado, que lo hacían en forma profesional.

Respecto de los antecedentes del ofensor remarcó que a  raíz  de su acción y expulsión, le fueron aplicadas seis fechas de suspensión por parte de la Liga Marplatense de Fútbol, remarcando el contraste, en materia de comportamiento deportivo con el lesionado Pizzo quien era un destacado jugador, que había recibido numerosas distinciones por su caballerosidad deportiva y que nunca había sido expulsado de una cancha[54].  Camoranesi en cambio, representaba lo  opuesto  a  Pizzo,  toda  vez que en su primera temporada local, en 1994,  transcurridas  13 fechas  del  torneo  oficial  había  sido  expulsado en cuatro oportunidades, a lo que se suman expulsiones posteriores  en  partidos del Torneo  del  Interior.

En síntesis, sostuvo que la obligación de Camoranessi de indemnizar se configuró por los siguientes extremos: a) por haber violado los reglamentos  del  juego;  b) por ser expulsado de la cancha, y luego severamente sancionado y c) por lesionar a Pizzo,  en  forma intencional, produciéndole un gravísimo daño. Distribuyó su pretensión indemnizatoria  en los siguientes rubros y montos: 1) daño emergente,  por el que reclamó $ 6.000; 2) lucro cesante,  por $  194.400;  3) daño moral  por $100.000; 4) pérdida  de chance por $543.600; 5) y daño estético, por $40.000.

8.Argumentos de la parte demandada

Camoranesi  afirmó que  la realidad de los hechos fue muy distinta a la relatada en el escrito de demanda, ya que si bien resulta cierto que a raíz del encuentro de fútbol  desarrollado el día 14 de agosto de 1994 entre los Clubes  Alvarado  y  Aldosivi, Pizzo  debió  abandonar el campo de juego, ello se debió a un choque de piernas producto de la disputa del balón, propia del juego desarrollado. Que la imprudencia y la falta de diligencia, al  tratarse de la práctica de un deporte, deben valorarse teniendo en cuenta la  tipicidad del juego o deporte, y no con relación a las normas de prudencia que rigen para el buen padre de familia.

Agregó que la falta de voluntad de dañar en un choque o roce de los tantos que se producen en un campo de juego, había quedado evidenciada por la carencia de instrucción  de  causa penal,  a lo que debía sumarse que la prensa  local, había atribuido el hecho a un infortunio propio del juego. Consideró además  que  no  debe  obviarse  que el riesgo  y/o  peligrosidad  de  ciertas  manifestaciones deportivas es conocida para quien participa de ellas, y que  al  tratarse  de  circunstancias   específicas   y relativas al deporte, debía  el accionante demostrar la culpa en el accionar del demandado.

Desconoció y negó la  producción  de  los daños   invocados  en  la  demanda,  por ser la  lesión denunciada por su contraparte  común  en  futbolistas profesionales,  y porque luego  de  una lesión de ese tipo, se puede volver a desarrollar normalmente la actividad deportiva. Que ese fue el caso, dado que  Pizzo  volvió  a  integrar,  con  posterioridad, el plantel de Alvarado.

9.Argumentos del Club Aldosivi

Pizzo no demandó al club Aldosivi pero Camoranesi pidió la  citación  del club en   calidad   de tercero con fundamento  en  que  el  hecho  tuvo  lugar  cuando  él se hallaba bajo  relación  de  dependencia  de dicha entidad.

El representante del Club reconoció, por resultar un hecho  público  y notorio la celebración del encuentro  de  fútbol  entre los clubes y en el día indicados en  la  demanda;  que el jugador  de la institución Aldosivi golpeó mediante la utilización de  la  denominada  «plancha» al accionante, quien era jugador del Club Alvarado, obligando a éste a abandonar el campo de juego. Afirmó que Camoranesi  nunca  revistió  la   calidad   de   dependiente jurídico respecto de la institución, toda vez que era jugador amateur, porque no había  existido contrato de  ninguna especie entre  ambos, percibiendo solamente un viático por su movilidad, como ocurre con el resto de los clubes que militan en el fútbol local.

Considera que en el caso no se dio la figura de la subordinación, toda vez que durante el desarrollo del  juego el club  no  controla la conducta   del futbolista  dentro  del  campo  de juego, limitándose a dirigirlo tácticamente, sin impartir  instrucciones  en el sentido de dañar al jugador contrario  o  violar  el reglamento.

Describió como grosera y descalificadora a la falta cometida por Camoranesi, que la conducta manifiestamente violatoria de sus deberes, llevó a romper cualquier lazo de causalidad respecto del Club Aldosivi, y que dichas conductas frente  a  su  reiteración  con posterioridad a la lesión de Pizzo, determinaron la desvinculación de la relación mantenida.

10.La Sentencia de la Primera Instancia

Respecto de los hechos, el Magistrado de Primera Instancia, entendió que Pizzo bajó el balón, el que por  efecto de un rebote en su pierna  izquierda  se  adelantó,  y ello lo llevó a   intentar  efectuar  un enganche  hacia  el  centro   del   campo.  Que en tales circunstancias, Camoranesi arribó al lugar, desde la derecha de Pizzo, y con el botín de su pierna   izquierda,  en  forma  de  «plancha»,  impactó directamente  sobre  la zona de la rodilla de la pierna izquierda del actor. Que en el momento  del  encuentro  de  los  futbolistas  la pelota se encontraba casi a ras del piso y que antes de tal  encuentro  el  accionado  levantó  su pierna,  peligrosamente en «plancha» de forma tal que razonablemente, y de acuerdo a la dirección por él dada,  no  podría  tener  otro  efecto que no fuera impactar directamente sobre la pierna de su rival.

En relación a la participación de actor y demandado, si bien consideró que en el caso no existen elementos suficientes para calificar  el  accionar  del Sr. Camoranesi como intencional, no obstante, a su criterio, la acción denotó una “notoria imprudencia o torpeza, un exceso en la práctica del deporte, un accionar  anormal y evitable, que determinó su responsabilidad por  las consecuencias causadas por tal obrar disvalioso (arts. 512, 1109 del Código Civil). Y al arribar a tal conclusión no he obviado la  ponderación de las características propias del deporte en cuestión, ni el énfasis o  enjundia que pudieren determinar la conducta de los futbolistas en su accionar, ni tampoco la  rivalidad deportiva que existía entre ambas instituciones del fútbol  local  en la época del hecho. No obstante  ello,  a  mi  criterio,  tales extremos  no  justifican  superar  la  barrera  de   lo tolerable en la conducta de los deportistas  dentro  de un campo de juego; debiendo primar, más que  otro  tipo de  interés,  la  defensa  de  la  protección   de   la integridad    física   de   tales   deportistas,   cuya desprotección conduciría al deterioro  y/o  destrucción de la actividad deportiva misma”.

Resumió el Magistrado su postura afirmando que “en el caso se ha  justificado en el  accionar  del  demandado  Sr.  Camoranesi,  una conducta   calificable   como  imprudente  y  excesiva, contraria a la regla general de respeto a la integridad física  de  un  par,  que  se  ha  tornado disvaliosa, generadora de  daños, lo que determina en la atribución de su responsabilidad en  el evento ( arts. 375, 384 del C.P.C.)”.

En relación a la responsabilidad del Club Aldosivi, el Juez resolvió que habiéndose justificado que el demandado Camoranesi se encontraba bajo la dependencia y/o subordinación jurídica o técnica del Club, y habiendo provocado  daños  en la persona de su par, el Sr. Pizzo, correspondía concluir en la responsabilidad del tercero citado,  debiéndosele extender al mismo los efectos del pronunciamiento (arts. 43, 1er. párrafo art. 1113 del Código Civil; arts. 375, 384 del Código Procesal Civil y comercial).

Tal responsabilidad encuentra su fundamento en el primer párrafo del  art.  1113  del Código Civil, dado que la dependencia que contempla dicha norma  no  requiere  necesariamente  un  vínculo contractual entre el principal y el subordinado, ni que las tareas sean permanentes y remuneradas. Lo decisivo, en el punto, es la existencia del derecho a dar órdenes o  instrucciones  acerca  de  cómo  deben cumplirse las funciones, el que suele traducirse en  la  facultad  de dirigir,  vigilar  e  intervenir,  así  como  que tales funciones  satisfagan  un  interés  de  quien  da  esas órdenes e instrucciones[55].

Incluso, adoptando   una  concepción  más amplia,   se   ha   considerado   la  extensión  de  la responsabilidad aun cuando no se configure una estricta subordinación, sino simplemente una conexión funcional o una integración dinámica de actividades, en tanto  el principal tenga alguna injerencia en el desenvolvimiento del dependiente o poder de supervisión sobre los medios y métodos empleados. Al respecto no importa la permanencia o no de  la  prestación  de  los servicios, como tampoco la ausencia de onerosidad[56].

Participando    de    un    concepto     de «dependencia»  amplio,  no  debe  obviarse  que tras la reforma  del  Código Civil a su art. 43, al referirse a la responsabilidad  extracontractual  de  las  personas jurídicas,  los  administradores,  los  órganos  y  los dependientes  de esta comprometen la responsabilidad de esa persona ideal por los daños acaecidos en ocasión de la  incumbencia[57]

En el caso, agregó el Magistrado, ha quedado reconocido que el demandado Camoranesi, se  encontraba formando parte del encuentro deportivo como jugador del primer  equipo  del  tercero  citado, vistiendo sus colores y defendiendo su interés deportivo. Habiendo   sido  elegido  para integrar el equipo oficial  del  club, éste  tenía  la obligación de vigilar o  controlar su desempeño, con autoridad suficiente para decidir su participación efectiva  en  el juego o su reemplazo por otro jugador; lo que permitiría encuadrar la cuestión, más allá  de la dependencia y/o subordinación, dentro de la  órbita  de la culpa «in eligendo» e «in vigilando»

Por otro lado, no importaba según el criterio del Juez que se estuviera frente a  un  jugador  profesional o amateur, toda vez que no obstante ello, el deportista amateur se  encuentra sometido a las directivas del club al que representa  en  el  encuentro  deportivo,  poniendo  su esfuerzo  y  empeño  en tal defensa, lo que implica una subordinación  desde  el  punto  de  vista  jurídico  y técnico.

11.Los agravios del co-demandado Camoranesi

El futbolista demandado formuló, como primera objeción al fallo, que se lo haya condenado por un daño causado en el marco de un evento deportivo, sin intención y en la propia disputa del balón. Señalando que las acciones excesivas e imprudentes dentro del juego están sancionadas como infracción pero no implican ilicitud jurídica y que quien se expone a un juego de contacto asume un riesgo natural a su integridad física.

Imputó al Juez de Primera Instancia un desconocimiento total del fútbol esgrimiendo que lo que aconteció fue una desafortunada disputa del balón y que no puede condenarse por jugadas riesgosas sin intención de dañar, so pena de atentar contra la esencia misma del deporte y reprochar la fuerza, la velocidad  y la vehemencia en la disputa. Por último, criticó al fallo por una cierta contradicción al describir, por un lado, el vigor del deporte, y por otro,  tildar de imprudente la conducta de Camoranesi en el infortunio.

En resumen, el argumento principal de la apelación ha sido que las acciones excesivas e imprudentes dentro del juego no deben ser calificadas como una ilicitud jurídica dado que los jugadores de fútbol al exponerse a un juego de contacto asumen el riesgo de ver dañada su integridad física.

12.La Sentencia de la Segunda Instancia

13. El voto del Dr Mendez

El Juez encargado de votar en primer lugar decidió que “el consentimiento dado por la víctima o mejor dicho la aceptación de los  riesgos propios del fútbol, la autorización estatal para su ejercicio, las conductas que hoy en día se  aprecian como frecuentes o habituales en las contiendas futbolísticas y las contingencias propias  ocurridas en torno al caso inspeccionado, convergen en la revocación de la sentencia primigenia”, recomendando rechazar la demanda incoada por Pizzo contra Camoranesi, con costas al vencido.

Los fundamentos principales para el rechazo de la demanda se sustentaron en la asunción del riesgo de practicar un deporte que el Estado argentino autoriza y en calificar la acción deportiva que causó la lesión como “frecuente o habitual en las contiendas futbolísticas”

Según el Magistrado, “no se comprobó que la lesión sufrida por el actor durante el partido obedeciera  a un accionar del demandado que pueda calificárselo de excesivo, brutal o imprudente, sino más  bien de «común» por la velocidad o el ímpetu propios del fútbol, encontrándose enmarcada dentro  de los riesgos que asumen quienes practican tan arrasador deporte, según se observa a diario en los  medios periodísticos y televisivos (…) Si el deporte se encuentra autorizado por el Estado, su ejercicio  es lícito y si las lesiones inferidas son el resultado del riesgo que éste representa, el consentimiento para la práctica del juego lleva implícita su conformidad para afrontar las consecuencias dañosas.”

14. El voto del Dr Rosales Cuello

El Magistrado que votó en segundo lugar, en cambio, concluyó en la responsabilidad de Camoranesi por grosero apartamiento de las reglas del deporte. Para ello, en lo sustancial, siguió la línea del caso “Cotroneo”[58] y de la doctrina prevaleciente[59], distinguiendo la existencia de dos tipos de ilicitudes: las comunes y las extraordinarias. Para las primeras, se reservó la irresponsabilidad, salvo que la intención indicara lo contrario; y para las segundas, un criterio objetivo de ilicitud sin posibilidad de justificación, denominada por  Bueres como “la ilicitud objetiva de las jugadas excesivas”[60].

En el fútbol, continúa su voto Rosales Cuello, “es común que los rivales se golpeen, que se cometan faltas, que un defensor enganche  desde atrás al delantero que se escapa con la pelota hacia el arco contrario. También es frecuente que los jugadores que saltan a cabecear choquen entre sí involuntariamente, o por un exceso de vehemencia. Esos daños ocasionados por el riesgo normal de un deporte determinado, difícilmente  puedan ser imputados a título de culpa”[61].

Luego realiza una necesaria distinción entre lo “normal” y lo “frecuente”, “El desafío entonces está en sentar en concreto esa pauta de normalidad, proceso que no deberá disociarse de las circunstancias que singularizan al suceso, si lo que se quiere es concluirlo con éxito. Esa normalidad no estará relacionada con la frecuencia con que estas lesiones se reproducen en el  juego, sino con la <previsibilidad de la maniobra que las produce>. Es claro que en el caso en análisis por las circunstancias del juego y de la acción en particular, Pizzo no podía siquiera imaginarse que un adversario fuera directamente a golpearlo en su rodilla con la suela del botín mediante una plancha con pierna cambiada y con todo el peso de su cuerpo”.

Quizás por ello, el Juez admite cierta perplejidad ante el hecho al reconocer que  “al cabo de apreciar en reiteradas oportunidades las imágenes contenidas en el video del  partido durante el cual se produjera el suceso cuyas consecuencias se demandan (…), no he logrado desterrar la impresión inicial de innecesaria y brutal agresión que me dejara el comportamiento protagonizado por el demandado. Es que observados con detenimiento los movimientos descriptos por ambos jugadores en la secuencia que culminara con la lesión, se avizora claramente que el actor concentrado en alcanzar  la pelota, esfuerza su pierna izquierda en apertura y extensión, tomando contacto con ella y  alejándola.

Por el contrario, el demandado se desentiende por completo del recorrido del balón  yendo directamente a la intercepción de la humanidad de su contrincante, quien como producto de la acción antes descripta, se encontraba con la pierna izquierda en abducción y extendida, próximo apoyar el talón de ese pie sobre el campo, dejándola en un vulnerable ángulo agudo. Lejos de  adoptar una postura que minimice los efectos del contacto en esas condiciones de inferioridad de su oponente, éste aumenta el poder ofensivo de su accionar elevándose, levantando innecesariamente su pierna izquierda en forma de plancha, concentrando en el pie de ese lado todo el peso de su cuerpo potenciado por la velocidad desarrollada, tomando contacto con la zona media del miembro inferior del lesionado, parándose literalmente sobre la rodilla que se encontraba suspendida entre dos puntos de apoyo distantes: el suelo y la cadera.”

No se aprecia, por parte de Camoranesi, intención de mitigar los efectos de su violencia física y esa actitud configura un agravante a los ojos del Magistrado: “Direccionar su accionar hacia la disputa de la pelota, efectuar alguna maniobra evasiva, disminuir su velocidad, omitir levantar el pie a esa altura o simplemente flexionar la rodilla al sentir la presencia del otro jugador bajo su botín, se inscriben entre las medidas omitidas y que hubieren  posibilitado evitar o disminuir los riesgos y descartar toda indiferencia hacia su producción (art.  512 del Cód. Civil -aplic. analóg.)”.

Describe el Magistrado, también con gran precisión y detalle, las circunstancias del partido que no hacían presagiar una reacción tan desmedida por parte de cualquiera de los futbolistas en cancha. “Las demás circunstancias que se dan cita en el evento, lejos de mejorar su situación, contribuyen a  confirmar esa convicción. El sector del campo donde se produce el hecho -mitad defensiva del  equipo del lesionado- descarta el riesgo para la valla del conjunto que integraba Camoranesi, el modo en cómo aborda a Pizzo -de costado- imposibilita interpretarlo como un involuntario reflejo  defensivo de su parte, y la posición de la pelota al momento del contacto -superando la ubicación del agresor- elimina la intención de su disputa. Ese conjunto de contingencias demuestra lo innecesario y excesivo del comportamiento desplegado.

Se suma a ello la inoportunidad temporal -Camoranesi llega a Pizzo a destiempo-, anatómica –lo golpea a la altura de la rodilla- estratégica – lo derriba en la mitad de campo del lesionado ganando por dos goles- y posesional -la pelota había superado al agredido y agresor sin elevarse-, lo cual imposibilita entenderlo como parte del juego, tornando difícil calificarlo incluso como infracción deportiva, erigiéndose en la más cabal muestra de aquello en lo que no se debe convertir el deporte.

Finalmente, la calidad de hecho notorio que adquiriera la condición de diestro del sancionado, mediante la difusión masiva de los encuentros que el seleccionado de Italia disputara en este Mundial, termina de cerrar el cuadro de circunstancias que vuelven civilmente reprochable su actitud, puesto que la experiencia demuestra que quien pretende disputar una pelota dividida no enfrenta al contrario con su pierna inhábil -izquierda-, tal como éste lo hizo”

15. El voto del Dr Loustanau

Según el Magistrado, “el deber de responder por daños derivados de lesiones deportivas resulta procedente cuando: a) el daño se ha producido por una acción «excesiva» que viola grosera y abiertamente el reglamento del juego. b) en la acción se evidencia la intención de provocar el resultado dañoso, sea durante el desarrollo del juego o bien cuando éste se encuentre detenido (Este Tribunal Sala II causa Nº 143.268 de agosto de 2009 con cita de Bueres Alberto J. su voto en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, 17/12/82 «Cotroneo Ricardo D c/ Club Atlético Banfield y otros» L.L. 1983-D,385, con nota de Jorge Mosset Iturraspe; Bustamante Alsina «Teoría general de la responsabilidad civil» Abeledo-Perrot p. 536 Nº 1514 y sgts.)”.

Si bien dudó sobre la deliberada intención de causar daño por parte de Camoranesi, no encontró motivo para dudar respecto a que -al menos- la conducta del demandado encuadró en el concepto de “acción «excesiva» que viola grosera y abiertamente el reglamento del juego”, agregando: “He visto detenidamente, paso por paso y a la velocidad normal la jugada, en no menos de veinticinco oportunidades, y continúo dudando si Camoranesi fue a disputar la pelota o buscó deliberadamente lastimar a su rival. En la duda debo estar a favor de que no ha habido dolo en los términos del art. 1072 del Código Civil (Carranza, Jorge «El dolo en el derecho civil y comercial» edit. Astrea p. 91 con cita de Borda y de la SCBA). No tengo dudas en cambio, y comparto la convicción del Sr. Juez que me precedió, respecto a que aun siendo culposa, la acción del demandado fue manifiestamente desleal, excesiva y groseramente violatoria del reglamento de juego”. Coincidiendo con la detallada descripción y calificación del hecho realizada por el Dr. Rosales Cuello, adhirió a su voto, responsabilizando a Camoranesi.

16. La responsabilidad del Club del lesionador

Respecto de la responsabilidad del Club Aldosivi, los agravios se centraron en sostener que Camoranesi no era empleado ni dependiente del club, puesto que se trataba de un jugador amateur que ejercía su derecho constitucional de asociarse o disociarse cuando lo decidiera, que podía no responder a una citación del club sin que ello le significara una sanción alguna. Agregan además que el carácter doloso, o por lo menos gravemente culposo, de la acción desplegada por el lesionante, no implicaba ni suponía una orden o instrucción de Aldosivi, una entidad social dedicada  a la  práctica lícita o reglamentaria de la actividad deportiva.

Respecto de lo afirmado en cuanto que el jugador podía “disociarse” o no responder a una citación del club sin que ello le generara una sanción, el Juez Rosales Cuello entendió que lo cierto es que al momento de disputarse el partido, Camoranesi se encontraba integrando el equipo de Aldosivi y que la participación del mismo “redundaba en beneficio del cometido de la  asociación y, eventualmente, de su prestigio como entidad”.

Que la relación que se entabla entre el jugador y el club entraña “no sólo cierta subordinación jurídica, puesto que el primero podrá representar al segundo exclusivamente en los encuentros que éste programe, sino también técnica, dado que integrará el plantel superior conforme lo decida su director técnico, y en su caso, recibirá por su intermedio instrucciones referentes a la manera de cumplir las funciones que se le han confiado”[62].  Si el deportista no acatara las indicaciones podría ser reemplazado durante el partido e incluso en la fecha siguiente, o en otra, no formar parte del equipo, tal como ocurre en los equipos profesionales. “Ello supone –según el Juez-una autorización del principal otorgada al dependiente, revelando la posibilidad selectiva y el poder virtual de mando propios de la llamada dependencia transitoria o eventual”[63].

De este modo, “La responsabilidad del principal por injerencia en el modo de desempeño del dependiente no resulta destruida sólo porque el hecho sobreviniera en el curso del cumplimiento defectuoso de la orden impartida, ya que la responsabilidad indirecta supone generalmente el desempeño incorrecto de las tareas encomendadas. En efecto, realizado el acto en función directa e inmediata con la comisión o encargo, ya que de lo contrario no se habría podido ejecutar, se proyecta la imagen de haber ocurrido dentro del marco aparente de las funciones encomendadas, no operando esa  fractura el mero abuso o la desobediencia, dado lo previsible o posible de la desviación” [64]

Concluyó Rosalez Cuello, “Ese mínimo de recognocibilidad exterior que el accionar exhibe respecto del objeto y límites aparentes de las tareas comisionadas, es lo que signa definitivamente la responsabilidad del comitente (art. 1113, párr. 1, pte. 1ra. del Cód. Civ.). De lo contrario, por la misma acción de su dependiente podría o no responder según el dependiente se hubiere apartado o no de las instrucciones precisas impartidas. Sin perjuicio de ello, “Tales circunstancias podrán servir para fundar la acción de regreso que el principal promueva contra su dependiente, más no para exonerar de responsabilidad a aquel que obtiene provecho del accionar del agente lesivo, brindándole la oportunidad para que éste ocasione daños a quien confiara en la representación esgrimida (art. 1123 del Cód. Civ.)”.

17. A modo de conclusión

La Cámara  Nacional Civil, Sala D, en la causa «Cotroneo», ha marcado en 1982 una orientación doctrinal en materia de lesiones entre futbolistas que se ha mantenido a lo largo de los años en cada uno de los fallos más trascendentes y que se vuelve a  confirmar en el caso aquí comentado. El fundamento central se resume en la siguiente frase: “Cuando las infracciones no pasan de lo normal, ellas quedan cubiertas por la “licitud” dimanante de la aquiescencia estatal (…) en virtud de ello el deber de responder por las lesiones deportivas tiene  origen  en los siguientes  casos:  a)  cuando  existe  una  acción «excesiva»  que  viola  grosera   y   abiertamente   el reglamento del juego; b)  cuando  existe  intención  de provocar el resultado dañoso, sea durante el desarrollo del  juego  o  bien cuando este se encuentre detenido”[65].

Tales  fundamentos  fueron seguidos por la Sala  A de la Cámara Nacional Civil, al dictar sentencia el 6 de  abril  de  1995  en  la  causa  «Berman, Gerardo c/ Goldin, Jorge N; fueron compartidos por la  Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I, al pronunciarse  con fecha  31/3/2005  en  autos  «Telechea,  Fernando G. c/ Beldrio, Carlos D. y otros, también han servido de sustento en  fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, “Gil, Exequiel Osvaldo y otro contra Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural Siglo XX y otro. Daños y perjuicios”[66] y, por último, replicados en “Pizzo c/ Camoranesi”.

De los cinco antecedentes jurisprudenciales citados surge que en más de la mitad de ellos (“Berman”, “Telechea” y “Pizzo”), las graves lesiones sufridas por las víctimas fueron producidas por una “plancha” que llegó a destino.  Por el modo en que la reglamentación específica de la actividad sanciona dicha conducta (con las suspensiones más prolongadas) se infiere que debido a la alta peligrosidad de la acción se trata de hacer desistir a los protagonistas del juego de acudir a dicho recurso^[67]. Si se sancionara con la pena de expulsión a los futbolistas que recurran a dicha acción^[68], quizás la “plancha” dejaría de ser frecuente en la práctica del fútbol, pero de todos modos ello no debería ser dirimente en la determinación del deber de resarcir a la víctima[69].

Analizadas, tanto la teoría de la “Autorización estatal” esgrimida en la sentencia, como la tesis de la “Asunción o aceptación de un riesgo”, utilizada por la defensa del lesionador Camoranesi, se observa que no es necesario echar mano a construcciones jurídicas creadas por la doctrina o la jurisprudencia para decidir sobre el deber de reparar de un futbolista que lesiona a otro en un lance de juego. El fútbol es una actividad lícita en la que los daños son contingencias habituales de la actividad y que por lo tanto quedan, en principio, al margen de toda relevancia jurídica (salvo las sanciones deportivas), y ello porque los riesgos propios de la actividad quedan absorbidos por la licitud de ella[70].

Luego, las lesiones ocasionadas al contrincante pasan a ser ilícitas cuando la conducta del agente dañador merece el calificativo subjetivo de dolosa o culposa grave como lo son los de la culpa con representación o previsión, y la culpa consciente[71] en el sentido de que se ha producido una superación de los límites normales de las reglas de la actividad para ocasionar un daño fuera del contexto normal, siempre que no hubiera sido fruto de la predisposición de la víctima o del fortuito. Por consiguiente, el hecho legitimante está dado por la ley y no por la autorización del Estado ni la denominada aceptación del riesgo^[72], y es la misma ley la que fija el límite que divide lo lícito de lo ilícito.