Trabajo presentado para el Premio Manuel Belgrano C.P.C.E.C.F. 2013, en abril 2014. Tema: “Responsabilidad Social: ¿Cómo contribuir activamente al desarrollo sostenible con inclusión social?”

 

Sumario: 1. Introducción. 2. Responsabilidad social. 2.1. Concepto. 2.2. RS y la sociedad argentina. 2.3. RS y los profesionales. 3. Desarrollo sostenible. 3.1. Concepto. 3.2. DS y los profesionales. 4. Inclusión social. 4.1. La exclusión social. 4.2. Quebrar la exclusión con inclusión. 5. La educación universitaria como inclusión. 5.1. La educación como factor de inclusión social. 5.2. Inclusión social de la educación universitaria. 5.3.  RS para contribuir activamente al DS. 6. Propuestas concretas. Bibliografía.

“…El bien público estaba á todos instantes á mi vista…”[1]. Dr. Manuel Belgrano.

 

1. Introducción

Seguramente no es casual que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya dispuesto para el Premio Dr. Manuel Belgrano 2013 un tema relativo a la inclusión social cuando se cumplen 100 años de la Asamblea del Año XIII. En ella los fundadores de la Patria proclamaron, entre otras resoluciones, la libertad de vientres para las esclavas, es decir los hijos de esas madres se incorporan como hombres y mujeres libres a las Provincias Unidas del Río de la Plata; la libertad religiosa por la que todo habitante elige  libremente su culto y lo ejerce públicamente sin que se lo discrimine socialmente; y la liberación de los habitantes originarios de todo trabajo obligatorio como la mita y el pago de tributos por su condición.

También se elige el tema a 100 años del triunfo del General Manuel Belgrano en la Batalla de Salta por el que la citada Asamblea le ofrece $ 40.000.-[2] que el patriota destina para la fundación de cuatro escuelas[3].

Por todo esto, hemos decidido seguir los pasos del prócer, graduado universitario[4], y tratar el tema de la educación, en este caso universitaria, como un modo de contribuir activamente a un desarrollo sostenible, atreviéndonos a sugerir, en ese marco, acciones concretas de responsabilidad social.

Empezaremos entonces por definir la responsabilidad social puntualizando la diferencia entre ella y la responsabilidad social empresaria que para nosotros es sólo un aspecto englobado por la responsabilidad social como una relación género-especie. Analizaremos la responsabilidad social en la sociedad argentina y en relación a los profesionales. Luego avanzaremos con la definición de desarrollo sostenible antes de explayarnos en la temática de la inclusión y la exclusión social que parecen caras de una misma moneda. Más tarde abordaremos temáticas que implican quebrar la desigualdad con inclusión para, por último, concentrarnos en el análisis de la educación universitaria como factor de inclusión social y, en base a ello, exponer ideas sobre acciones de responsabilidad social para contribuir activamente al desarrollo sostenible en base a las experiencias positivas y estudios empíricos que se mencionan en este segmento.

El final del trabajo puntualiza propuestas concretas para dar pasos efectivos hacia la promoción de la educación universitaria que garantizan como resultado empírico movilidad social e inclusión.

2. Responsabilidad social

Quizás el término más difundido no sea “responsabilidad social” sino responsabilidad social empresaria” o su sigla “RSE”. Quizás porque en el ámbito de las organizaciones empresariales es donde se advierte la importancia de la responsabilidad hacia la comunidad. Sin embargo, el tema no corresponde exclusivamente al mundo de la empresa sino que la Responsabilidad Social, en adelante RS, tiene una dimensión más amplia.

2.1.        Concepto

Conforme lo  expresado, la RS se vincula con la RSE como un nuevo modelo de gestión empresaria[5] e involucra el concepto de desarrollo sostenible porque conlleva el uso integral de políticas y prácticas más comprometidas con la sociedad que las tradicionalmente empleadas por los entes en sus operaciones. En ese sentido, la RSE se ha plasmado, de modo genérico, como principios de ética empresarial en los Códigos de Buena Conducta Corporativa que resultan obligatorios en gran cantidad de países para las empresas que cotizan en las Bolsas[6] llegando a ello luego de un proceso que FARGOSI denomina “juridización” aunque para él “no media una identidad entre empresa ética y empresa socialmente responsable; porque existirían tantos tipos de empresa ética como son las teorías sobre la ética”[7]. La empresa socialmente responsable va más allá del actuar ético si bien una conducta ética exterioriza su compromiso con el entorno.

Distintas maneras responsables de actuar en las empresas han sido sugeridas, por ejemplo, por organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación a la adopción de buenas conductas en áreas específicas en relación a los temas laborales[8] y han resultado parámetros voluntarios adoptados por entes tanto públicos como privados.

Así las cosas y en ese marco, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) ha expresado que “La RSE constituye un compromiso que cada empresa, en tanto actor social, establece con sus grupos de interés, procurando mejorar en forma sustentable las condiciones del negocio y la calidad de vida de la sociedad en su conjunto”[9].

FERNANDEZ ESCUDERO, con quien coincidimos en este aspecto, indica que se trata de un término multiconceptual que refleja distintos aspectos de la vida en sociedad como las cuestiones éticas, económicas, laborales o medioambientales por lo que no resulta apropiado encerrarlo sólo en el concepto objetivo de responsabilidad unitaria o conjunto de obligaciones diversas de la empresa hacia la sociedad[10], sean éstas de orden jurídico o moral.

En base a esta primera aproximación de IDEA podemos decir que efectivamente la RS supone una obligación, en el sentido amplio del término, que tiene cada actor social con el conjunto de la sociedad para mejorar las condiciones y calidad de vida de la misma[11]. Como se advierte, ya no nos referimos sólo a organizaciones sino a un compromiso colectivo e individual dirigido a un fin de bien común.

Al decir de RODRIGUEZ MANCINI “es el resumen de nuestros deberes morales hacia los semejantes, hacia la sociedad en la que vivimos y a la que formamos; es nuestra contribución según los recursos con que contamos — intelectuales, espirituales, económicos — a la obtención del bien común”[12].

El surgimiento histórico del tema de la RS se asocia a la redefinición del rol del Estado en las últimas décadas liderada por el Reino Unido en concordancia con una nueva dinámica de demanda social[13]. También se la vincula con “los movimientos sociales de los 60 y 70” del siglo pasado entre los que se encuentran aquellos en defensa de los derechos civiles, antiarmamentistas,  ambientalistas y, entre otros, los instaurados a favor de los derechos de la mujer que plantean nuevos roles[14]. GILLI afirma que “el punto de inflexión se produce en la década de 1960”, momento éste en que las cuestiones sociales pasan a tener importancia para el empresariado[15].

El proceso de maduración en el conocimiento de la RS ha  partido de una visión subjetiva de la realidad hasta consolidarse en una visión más objetiva llegando a una estructura de conocimiento concreta que permite su estudio a través de diferentes perspectivas[16]. Conforme un análisis estadístico en una casa de estudios latinoamericana, en el ámbito universitario los estudiantes perciben la RS como un compromiso de las organizaciones, incluida la universidad, y, en cambio, los académicos identifican la RS con una conducta ética vinculada a las empresas[17].

2.2.        La RS y la sociedad argentina

Coincidimos en entender con ZICARI que el concepto de RS es distinto conforme los países o las regiones del mundo que analicemos en virtud de una necesaria influencia cultural.

Se trata de reconocer, para nosotros, que en un determinado contexto social existen intereses generales que afectan a una comunidad o a un grupo concreto de individuos pero que no son simplemente la suma de intereses particulares. Entendemos, en este sentido, que también se hace necesario considerar cada momento histórico y cultural para contextualizar dichos intereses.

La UNESCO define la cultura como “maneras de vivir juntos” que engloban valores, percepciones, imágenes, formas de expresión, de comunicación y otros aspectos diversos que definen la identidad de las personas y las naciones[18].

Se dice, por ejemplo, que en el ámbito empresario en Chile se pone acento a las relaciones laborales y el trato con el personal como característica cultural de la RS y que en Argentina, sin embargo, en distinto contexto cultural, “el reclamo social puede estar más vinculado al concepto general de trabajo”[19]. Es decir, simplemente a tener trabajo.

En el año 2007, se advirtió que en nuestro país la RS podría ser “una gran oportunidad o una enorme decepción” por el excesivo “economisismo” del argentino medio y el miedo a involucrarse en acciones de RS por el riesgo de quedar identificados con cuestiones ideológicas o políticas que suelen aparecer cuando se habla temas sociales[20] o se desarrollan actividades vinculadas a satisfacer necesidades insatisfechas de determinados sectores.

Han pasado algunos años desde esa advertencia y hoy podemos afirmar que la RS continúa siendo un desafío para la sociedad argentina que poco a poco, en mayor o menor medida, ha ido sumando sectores preocupados por sostener el tejido vital.

El Equipo de IDEA Empresa y Sociedad, desde el ámbito empresario, acercó a la sociedad argentina trabajos de investigación sobre el tema de RS. Así en el año 2001 sobre Balance Social, en el año 2002 sobre Capital Social y en el año 2003 uno específicamente dedicado al tema que nos ocupa[21] mostrando de ese modo la preocupación de un sector, el empresario, que fue acompañado en esta tarea por profesionales de ciencias económicas que se comprometieron con la investigación e intervinieron en ella. En uno de sus informes explicita que algunos de los factores que han impulsado la RS en Argentina son los nuevos criterios sociales, las expectativas de los ciudadanos, la preocupación medioambiental y la necesidad de transparencia.

Valga además indicar que algunas empresas multinacionales contribuyeron a ese despliegue ya que sus casas matrices implementaron programas de RSE que fueron replicados en el mercado local[22].

Para el Equipo de IDEA este es un tema que ha llegado para quedarse[23] y en el año 2011 encontramos que para la mayor parte de las empresas la RS resultaba ya un “factor determinante en la gestión”[24].

En el año 2013 FERNANDEZ ESCUDERO dice que la RSE en nuestro país gira aún “alrededor de un voluntarismo preterlegal en sentido amplio”[25] lo que indica que el concepto está instalado independientemente de la apreciación que se tenga de él.

Para nosotros importa mucho el capital social. El Equipo Empresa y Sociedad de IDEA, ya citado,  ha definido este capital social como “la capacidad intrínseca de los individuos para trabajar junto a otros, en grupos u organizaciones, con el propósito de alcanzar objetivos y metas que tengan como fin el bien común”[26]. Para ZAMAGNI es la capacidad de un grupo, de una sociedad[27] como tal para lograr efectivamente la meta expresada.

Ese capital, no cabe duda para nosotros, se construye gracias a la educación[28].

Entendemos, como indica KLIKSBERG, que el capital social tiene que ver con la cultura y en el caso de la República Argentina la dimensión de éste que se refiere a la capacidad de asociatividad, es decir, la aptitud de “construir formas de cooperación” ha permitido “hacer cosas juntos” entre los ciudadanos. En particular, llevar a cabo acciones en concordancia con otro componente del capital social cual es la conciencia cívica[29].  Las actividades realizadas comunitariamente, de las que encontramos innumerables ejemplos, dan cuenta del compromiso con la responsabilidad social que se ha ido asumiendo en el país aunque no siempre se las rotule de ese modo. Algunos ejemplos de compromiso con la RS surgidos del ámbito universitario son: 1) el Observatorio de la Deuda Social Argentina, un centro de investigación, extensión y formación de recursos humanos de la Pontificia Universidad Católica Argentina instituido en el año 2002 con la voluntad de estudiar, evaluar y monitorear el estado del desarrollo humano y social en la Argentina, y, 2) el Centro Nacional de Responsabilidad Empresaria y Capital Social (CENARSECS) creado en el año 2005 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires con el fin de impulsar sistemáticamente la responsabilidad social empresaria reuniendo a los empresarios interesados en la temática, a los líderes de la sociedad civil y a las instituciones públicas vinculadas con el concepto en concordancia con el objetivo de la Facultad de orientar su acción a la sociedad.

2.3.        La RS y los profesionales

Cuando nos referimos aquí a los profesionales tomamos la acepción de la Real Academia Española que define a la persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. Es decir, que lleva a cabo su trabajo habitualmente por una determinada remuneración pero lo realiza con la particularidad de usar para ello no sólo sus conocimientos prácticos sino teóricos recibidos a través del sistema educativo universitario.

No cabe duda que el trabajo “ocupa el centro mismo de la cuestión social” y que es “la clave  esencial” para “hacer la vida humana más humana” contribuyendo al bien común[30] como lo plantea la Encíclica Laborem Exercens.

FERNANDEZ ESCUDERO, citando a Zaratustra, indica que la responsabilidad social se funda en tres pilares: “buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones”[31].

AMARTYA SEN expresa que los valores éticos de los profesionales son parte de los activos productivos de una comunidad y destaca que los profesionales, junto con los empresarios, son dos grupos claves de una sociedad[32].

En el análisis de la actuación de los profesionales en medio de la crisis global, CORTINA plantea que, desde el punto de vista de los valores morales en las decisiones económicas y políticas, “han fallado también en estos años los profesionales” que no han tenido en cuenta a sus conciudadanos ni han puesto su labor al servicio de la comunidad en la que han estudiado y en la que viven[33].

Entendemos que siempre hay tiempo para mejorar las cosas y que por ello corresponde a los profesionales, hoy más que nunca, buscar la ética en el “aquí y el ahora”[34] como indicaba ARISTÓTELES.

SCHUSTER ha dicho que los profesionales en ciencias económicas, en particular, “son una  pieza relevante en el funcionamiento del sistema socioeconómico” y eso supone que deben asumir el compromiso particular de continuar presentes “para permitir brindar justicia, defensa, educación, salud, protección social y seguridad”, entre otros.  Agregaba además que el accionar profesional se debe dar constituyendo “organizaciones para mejorar día a día la calidad de nuestros colegas”[35]. Buen ejemplo de la preocupación profesional por la mejora continua y el aporte social por parte de organismos profesionales es la obtención, por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Premio Nacional de Calidad en el año 2011 y el Reconocimiento Plata en el Premio Iberoamericano de Calidad.

En su momento el Equipo de IDEA ya citado ha extendido, sin más, expresamente la responsabilidad social a los profesionales[36].

La realidad demuestra que el mercado laboral exige cada vez niveles más altos de educación, que “pide perfiles muy formados y con una visión más cercana al mundo laboral”[37] por lo que las organizaciones profesionales, tal como en el Medioevo, deben fortalecerse para el apoyo de sus compañeros de oficio que es una manera propia de asumir responsabilidad social.

3. Desarrollo sostenible

Cabe observar que cuando se habla de desarrollo sostenible se suele hacer referencia al medio ambiente y la conservación del mismo. Sin embargo, esta expresión va más allá y engloba todo accionar humano sobre la sociedad en que se habita sea sobre el medio físico o sobre sus semejantes como seres corporales y espirituales.

3.1.        Concepto

Corresponde primero indicar que el desarrollo supone, desde el punto de vista de una sociedad, la evolución progresiva de su economía hacia mejores niveles de vida[38].  Por lo que el desarrollo social supone la búsqueda del bienestar de los habitantes de dicha sociedad y el progreso.

En este sentido la Encíclica Populorum Progressio[39] destaca el esfuerzo de las sociedades por escapar especialmente del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas y de la ignorancia buscando una amplia participación en los frutos de la civilización con dignidad.

Existen factores condicionantes del desarrollo pero ninguno lo determina de un modo exclusivo e invariable y la experiencia demuestra que el proceso conducente al progreso es difícil y lento[40].

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha creado un indicador social estadístico denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH) con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Una de las variables, entre otras, que tiene en cuenta este índice es el nivel de estudios alcanzados en cada nación. En América Latina Argentina y Chile lideraban este índice en la medición anual del año 2012 donde se indica que esta región ha registrado el mayor progreso en el siglo XXI pero sigue siendo la región más desigual del planeta[41]

KLIKSBERG nos indica que además de los factores económicos es necesario apreciar los nuevos instrumentos de medición de las ciencias sociales que destacan los factores extraeconómicos que miden el desempeño y la sustentabilidad del desarrollo[42]. Por ello no sólo hablamos aquí de desarrollo sino de desarrollo sostenible que significa adoptar acciones que protejan y refuercen los recursos humanos y naturales que se necesitan para el futuro[43].

El desarrollo sostenible es sinónimo de desarrollo sustentable. Ambos términos se utilizan en referencia al desarrollo económico y social pero reconocemos que el segundo (desarrollo sustentable) se suele aplicar a todo lo relacionado con el Medio Ambiente. Así la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas nacida de su Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, el año 1992, depende del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de dicha entidad y en la República Argentina la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación. En uno y otro caso, el desarrollo sostenible sugiere una continuidad en la transformación en el sentido de “un sistema de justicia social arraigada y una ubicación y utilización razonable de los recursos”[44] lo que demuestra la identidad de los conceptos de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible.

El desarrollo del que hablamos aquí es el desarrollo social que supone “una característica de las relaciones humanas, y refiere a la configuración específica de prácticas orientadas a promover la satisfacción de cierto tipo de necesidades de los miembros de una comunidad, procurando su cohesión, sobre la base del principio de solidaridad” y está intrínsecamente relacionado con el concepto de desarrollo sostenible[45]. En fin, apreciamos así que se busca preservar el equilibrio entre todos los componentes de una sociedad tanto para el presente como para el futuro[46].

Naciones Unidas proclama la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) estableciendo cuatro áreas énfasis o parámetros entre las que se encuentra la reorientación de los programas educativos en todos los niveles para orientarlos hacia la sostenibilidad lo que supone formar a los estudiantes en la creatividad para resolver los problemas del mañana[47]. Es la educación asumiendo el compromiso con la sostenibilidad social desarrollando y fortaleciendo capital social.

El individuo se ve frecuentemente ayudado por las organizaciones profesionales como plantea la Encíclica Populorum Progressio[48], ya citada, y ellas “pueden mucho para dar a todos el sentido del bien común y de las obligaciones que éste supone para cada uno”.

Esto nos acerca a los Códigos de Ética profesionales como pautas de comportamiento socialmente responsable que compromete a los  matriculados a actuar de determinada manera que los lleva no sólo al encuentro de su propia integridad sino a reforzar los valores respetados por la comunidad en la que desenvuelve su quehacer laboral.

En una encuesta del mes de agosto de 2002 el sesenta y cinco (65%) de los entrevistados entendió que el Estado no era el único responsable en materia social[49] y por ello necesariamente se ven involucrados nuevos actores en la obligación de responder a las necesidades detectadas en el grupo humano conviviente.

La proyección de políticas públicas referidas a la educación universitaria, en este sentido, son esenciales y su implementación resulta urgente para que los logros obtenidos impacten directa y positivamente en el capital social de los países. Sin embargo, es la comunidad toda la que debe contribuir al apoyo de sus jóvenes estudiantes a través de distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o entidades profesionales.

Desde el ámbito estatal, en Brasil se ha implementado un programa denominado “Ciencia sin fronteras” cuya meta para el año 2015 es lograr 100.000 graduados universitarios estudiando postgrado en las mejores universidades del mundo en áreas consideradas estratégicas para el país para lo cual han suscripto gran cantidad de convenios con distintas casas de altos estudios.  Por ejemplo, el convenio suscripto con Italia dispone que a partir del año 2012 Italia recibirá 6.000 universitarios brasileros del citado Programa “Ciencia sin fronteras”[50]. SAMUELSON en su análisis de los problemas del crecimiento y desarrollo económico aconsejaba la mejora de los recursos humanos enviando al extranjero a los más capaces teniendo cuidado de que no se queden en los países más avanzados donde se dirigen a perfeccionar sus conocimientos[51].

En Brasil se gradúan más de la mitad de los ingresantes a las carreras universitarias y en Argentina aproximadamente el veintitrés por ciento (23%) de los que ingresan anualmente. Sin embargo Argentina posee cuarenta y tres (43) estudiantes universitarios por cada mil (1000) habitantes y Brasil sólo 28[52]. Para nosotros para concretar el desarrollo se necesitan más graduados no sólo cantidad de estudiantes universitarios por lo que es necesario analizar las razones de la deserción y trabajar en evitarla.

El rol de los profesionales se ha ido ajustando a los tiempos y no sólo se concentra en la realización eficiente de su tarea sino que se impone una mirada lateral donde se reconozca el efecto que su actividad produce en el resto de la sociedad. Esto obliga a los profesionales a asumir comportamientos que impacten positivamente en su entorno. El profesional, más que otros actores sociales, tiene la posibilidad de trabajar cotidiana y concientemente en el desarrollo. Sobretodo porque una actitud de compromiso y transparencia resulta inspiradora para otros miembros de la colectividad para hacer ese progreso social sostenible.

En este sentido también las organizaciones profesionales, a quienes se les reconoce valor y presencia en la comunidad, deben destacarse como instrumento de protección al actuar ético de los profesionales y exteriorizar dichas acciones virtuosas con más mecanismos como el programa Profesionalidad Certificada del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a marzo de 2014 lleva treinta y cinco (35) instituciones certificadas siendo la última certificada la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)[53].

Para los graduados argentinos la universidad no debe ser parte de su historia pasada como parece evidenciar la falta de donativos y apoyo de éstos a sus antiguas casas de estudio. Este modo de actuar por parte de los graduados argentinos no es igual en otros países donde los universitarios exitosos en sus carreras profesionales contribuyen de distinto modo en apoyo de sus universidades[54].

4. Inclusión social

Pareciera que no se puede hablar de inclusión social sin hablar de exclusión, no sólo como dos caras de una misma moneda sino como ideas que se entremezclan y producen tensiones entre sí.

4.1.        La exclusión

Plantea AMARTYA SEN que el concepto de exclusión es relativamente reciente. Así lo define como una forma de privación[55], de degradación[56], y lo relaciona directamente con los derechos humanos fundamentales afirmando que ambos pensamientos se movieron juntos a lo largo de la historia del mundo para llegar el 10 de diciembre de 1948 a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en París[57]. El  Preámbulo de esta Declaración abre las puertas al “reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”[58].

“Los derechos humanos tienen su fundamento en la moral, y no en cualquier moral, sino en una de carácter universalista” y la desigualdad de las sociedades se produce “por la pérdida de valores sociales de carácter moral”[59].

La falta de educación genera desigualdad e impacta en la integración de la sociedad[60]. La falta de educación es un motivo de exclusión social por lo que corresponde trabajar en dar educación para lograr inclusión social.

Así RODRIGUEZ MANCINI al citar un documento de Enrique Shaw manifiesta que la desigualdad laboral y en particular la desocupación es un mal moral antes que un mal económico y advierte que sus consecuencias han de ser cuidadosamente ponderadas antes de efectuar despidos y mismo suspensiones[61] porque se afecta a un grupo de individuos y no a uno solo, aumentando de este modo, a nuestro criterio, la exclusión. La educación, como veremos, contribuye también a disminuir la desigualdad laboral.

La exclusión supone una situación en que una persona tiene impedimentos individuales que no le permiten beneficiarse con “las oportunidades que genera la dinámica social” y entonces resulta vulnerable[62].

4.2.        Quebrar la exclusión con inclusión

La negación de la educación es un tipo de privación que plantea exclusión y arrebata toda oportunidad de progreso económico y social[63]. Por ello la atención de la educación como acción prioritaria de una sociedad, y en particular, la de nivel universitario, quiebra el círculo vicioso de apartar a ciertas personas del desarrollo y en particular a los jóvenes.

La educación para América Latina es un bien público social conforme la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES-2008) del 21 de octubre de 2008[64]. Sin embargo se ha puesto acento en la educación primaria y no se ha depositado la misma energía y preocupación en el incentivo de la educación superior para aumentar la igualdad de oportunidades. En relación al PBI de cada país el porcentaje destinado a educación superior en América Latina es el más bajo del mundo. El promedio de los países de la OCDE alcanza un 1,7% con países como Nueva Zelanda o Canadá con índices que trepan al 2,5%. En América Latina, en el año 2006, Argentina tenía un promedio de 0,6%, Brasil 0,7%, Chile 0,3% y Uruguay 0,2% y excepcionalmente Cuba el 2,2% y Bolivia el 1,4%[65].

Nelson MANDELA repetía que “la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo”, y para nosotros debe ser usada como camino hacia la sostenibilidad[66].

La inclusión desigual o la inclusión desfavorable forman parte también de la exclusión porque las acciones que no alcanzan el objetivo primordial del cambio social suelen resultar perjudiciales y plantear nuevas inequidades[67].

Precisamente uno de los objetivos de la economía planteado por KEYNES era “hacer el mundo éticamente mejor” para ser “una vida buena” relativizando la obtención de dinero como meta individual o colectiva[68] porque la economía, como actividad humana está relacionada con los valores morales y persigue un fin que le otorgue socialmente un mérito[69]. Así resulta que en esta ciencia, como decía GALBRAITH, “los valores son importantes”[70].

El trabajo para eliminar las “situaciones de marginalidad y extrema pobreza está en consonancia con el principio del destino universal de los bienes”[71] y es la tarea que tiene como meta quebrar la exclusión con inclusión.

Generalmente se propone, respecto al tema educativo, iniciar el trabajo de abajo hacia arriba, es decir de la escuela primaria a los estudios superiores. Sin embargo comenzar acciones de arriba hacia abajo, es decir, promoviendo entre las clases humildes la posibilidad de acceso a la universidad se otorga una doble alternativa de alcanzar el éxito en la tarea de inclusión. Las historias de jóvenes provenientes de grupos sociales vulnerables que han logrado obtener un título universitario produce una expectativa de imitación que “hoy no existe”[72].

5. La educación universitaria como inclusión

El panorama de América Latina, nuestra región, demuestra que del veinte por ciento (20%) más pobre sólo uno de cada cien (100) individuos completa la universidad[73] por eso el desafío de desarrollar la educación universitaria es muy grande tanto en América Latina como en nuestro país. La conclusión de NINO es que la universidad en nuestra región es clasista y reproduce las peores inequidades de la sociedad[74].

Dentro del Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES-2008) se consideró una tarea fundamental “consolidar el papel de la Educación Superior en la región como un factor estratégico para el desarrollo sustentable y para la promoción de la inclusión social y la solidaridad regional, y para garantizar la igualdad de oportunidades”[75].

Las tasas brutas de matrícula para la educación secundaria, puerta de acceso para la universidad, han aumentado considerablemente en América Latina pero siguen preocupando a los países el nivel de las mismas y la necesidad de incrementarlas[76]. En Argentina el treinta por ciento (30%) de los jóvenes pobres no termina la escuela secundaria[77].

La realidad muestra que los estudiantes que llegan a la escuela secundaria y vienen de hogares pobres tienen la presión de ingresar lo más inmediatamente posible al mercado laboral para poder subsistir y ayudar a sus familias[78]. El deficiente nivel educativo de los padres marca la pobreza presente y la falta de oportunidad educativa para los hijos de esos padres determina la pobreza futura[79]. La desigualdad en las oportunidades educativas, sin duda, comienza en el hogar[80]. La desocupación para los que no finalizaron los estudios secundarios es el triple respecto de quienes terminaron el grado universitario[81].

En Argentina, en el promedio del país, en el año 2010 estudiaban en la universidad dos (2) de cada diez (10) jóvenes de nivel socioeconómico bajo, cinco (5) de cada diez (10) de nivel medio y ocho (8) de cada diez (10) en el nivel alto a pesar de que la combinación de gratuidad e ingreso irrestricto de algunas universidades llevaría a pensar que hay igualdad de acceso a la educación universitaria.  Pero es evidente que hay injusticia social cuando los más pobres, a pesar de la gratuidad de la educación universitaria no pueden acceder a ella y, sin embargo, personas con mayores ingresos estudian dentro de ese régimen de gratuidad de la matrícula[82].

En las clases más acomodadas, media y alta, las familias apoyan la continuidad de los estudios universitarios, incluso de postgrado[83]. Esos estudiantes no reciben sus ingresos sólo del sueldo que pueden obtener por su trabajo sino que además reciben ayudas económicas familiares, herencias u otras oportunidades que provienen del grupo de pertenencia[84]. En general esas familias toman el compromiso de acompañar a los estudiantes durante la cursada pero esto no lo pueden hacer las clases más humildes muchas veces porque el nivel educativo de sus padres no les permite a éstos comprender el esfuerzo académico que deben hacer sus hijos. Para suplantar esta falencia existen programas de padrinazgo-madrinazgo profesional para los jóvenes como el que realiza el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se funda en la solidaridad, gratuidad y voluntariedad de muchos profesionales que trasmiten sus experiencias y comparten conocimientos de Derecho sin que suponga ello relación laboral alguna sino un espacio de contención.

En el análisis de la equidad educativa cuenta el acceso a la educación pero también la finalización de los estudios porque, si nos fundamos en producción educativa, la educación sólo tiene valor si genera ciertos resultados, es decir, si genera graduados[85]. Según datos oficiales ingresan por año a la Universidad de Buenos Aires alrededor de ciento diez mil (110.000) estudiantes de los cuales la mitad abandona los estudios en el primer año y sólo el once por ciento (11%) se recibe siendo el promedio que tardan los estudiantes en recibirse de siete (7) años y siete (7) meses que se extiende a una década para los más lentos que son el diez por ciento (10%) de los graduados[86].

No son demasiadas las becas que existen en las universidades argentinas y las pocas existentes no proveen a los estudiantes ingresos suficientes para dedicarse sólo al estudio. En el año 2010 en toda la Universidad de Buenos Aires existían cuatro mil cincuenta y cuatro (4.054) alumnos becados sobre una población de doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y dos (262.932) alumnos. Sólo 1,5% de estudiantes becados con alrededor de cuatrocientos treinta pesos ($ 430) mensuales que es el monto asignado a las becas Sarmiento de dicha Universidad.

La Universidad de la República en Uruguay tiene otorgadas seis mil ochocientas (6.800) becas sobre un total de alrededor de ochenta y dos mil (82.000) estudiantes lo que supone un ocho por ciento (8%) de su población estudiantil[87].

El Programa nacional de becas universitarias en Argentina otorgó en el año 2009 once mil (11.000) becas a estudiantes universitarios con promedio mayor a siete (7) en el colegio secundario con un monto de doscientos cuarenta pesos ($ 240) por mes, valor éste que se mantuvo igual hasta el año 2011. En el mismo año, 2009, se inició el Programa de becas del Bicentenario para carreras que se consideraron prioritarias como ingeniería, física o matemáticas pero no se estableció en sus disposiciones de creación un mínimo de ayudas a otorgar sino que se supeditaba a la existencia de recursos. Algunas universidades como la Universidad Nacional de La Plata poseen planes específicos de ayuda como el de ayuda para guardería a madres solteras o el comedor[88].

Las becas suponen una herramienta importante de inclusión social por lo que hay que intentar aumentarlas en grado significativo controlando el desenvolvimiento de los alumnos y acompañándolos en las dificultades. La ayuda financiera debe ser controlada en base a rendimiento de los alumnos además de considerar la necesidad económica para que logre efectivamente su cometido. Se deben otorgar ayudas económicas con la condición de que el universitario realice un verdadero esfuerzo de estudio y aplicación. Si las becas, además de basarse en la necesidad, se fundan en los méritos académicos se crea un círculo virtuoso que eleva además el nivel educativo[89].

La filantropía estratégica en ayudas económicas debe considerarse una inversión en capital social a largo plazo[90].

Tener o no tener un título universitario no sólo marca la diferencia en el acceso laboral sino que proyecta mejores remuneraciones. En Estados Unidos quienes poseen una licenciatura obtienen más de un setenta y cuatro por ciento (74%) de sueldo que quienes sólo han terminado la secundaria[91]. También en Argentina aquellos que tienen educación de mejor calidad obtienen un incremental remunerativo con respecto a los que tienen educación de menor calidad[92].

En los años 90 se intensificaron las desigualdades entre quienes poseían título universitarios y quienes no, conforme un estudio de LONDOÑO y SZEKELY citado por NINO. Esto demuestra que la desigualdad educativa marca la desigualdad laboral. Entre los universitarios las tasas de desempleo son menores y también lo son los periodos en que se encuentran sin trabajo[93]. Se ha comprobado que la mayor oferta de profesionales puede disminuir el valor de los salarios pero el resultado sigue siendo la reducción de los índices de desigualdad[94].

El Papa Francisco exhortaba a los empresarios reunidos en el 49° Coloquio Anual de IDEA en su carta pastoral precisamente a “poner atención primaria a la dignidad de la persona humana y a su inserción en el mundo laboral”[95] y el mejor camino, a nuestro criterio, es ofrecer la asistencia en la obtención del grado universitario.

Las universidades tienen como misión particular configurar “a la clase dirigente y permitir la movilidad social” formando en la ciencia, la técnica, la investigación y la humanística[96] porque “el hombre debe encontrar al hombre” ya que el desarrollo integral del mismo no puede darse sin el desarrollo integral de la humanidad[97]. La universidad, a través de modelos educativos humanistas, debe formar las nuevas generaciones de profesionales transformando de ese modo la dinámica social[98].

Es una buena noticia para América Latina y un modelo a copiar que en diciembre de 2013 siete millones (7.000.000) de jóvenes brasileros dieron el examen de ingreso a la universidad en su país publicándose los resultados por escuela secundaria de origen conforme una política iniciada por el Presidente Fernando Henrique Cardoso, continuada por Luiz Inácio Lula da Silva y por Dilma Rousseff[99]. Esta es una manera de consolidar el desarrollo sustentable del capital social contribuyendo al sistema democrático.

5.1.        La educación como factor de inclusión social

Ya en los primeros años del siglo XX las universidades desarrollaban un destacado papel socializador, como indica y ejemplifica HOBSBAWN, al decir que “el hijo de un jardinero inconformista de Salisbury se convirtió en profesor de Cambridge y su hijo, a través de Eton y del King´s College, en el economista John Maynard Keynes”[100]/[101].

En los tiempos de la Gran Depresión la gente consideraba que “un remedio personal para la inutilidad” era que sus hijos se educaran y adquirieran una habilidad especial de tal modo que consiguieran un empleo. Este pensamiento sigue vigente en muchas personas en la actualidad.

Se estima que la movilidad ascendente de los hijos de los trabajadores no cualificados que pasan a la clase media baja en Gran Bretaña y Estados Unidos es del veinte por ciento (20%) aproximadamente, en Alemania alrededor del quince por ciento (15%) y en China cerca del treinta por ciento (30%)[102].

La educación universitaria supone, además, el acceso de los jóvenes al mundo de la ciencia y el trabajo favoreciendo el fortalecimiento de redes que engloban intereses comunes[103]. Cuando más abajo se está en una organización, menos densa es la red de que se dispone y mayor la necesidad de pensamiento estratégico formal para la supervivencia de una persona[104]. Se ha probado que el estudiante obtiene mayores logros académicos en virtud de la interacción con los otros estudiantes[105].

El elemento crucial que ha permitido la prosperidad de las naciones ha sido la interacción entre los individuos dentro de una sociedad organizada. En ese entorno participativo siempre se logran consensos y se encuentran, a veces,  irreconciliables disensos pero con ellos se produce, inexorablemente, el progreso social y la promoción de los miembros de la comunidad. Por eso en las instituciones dinámicas de la sociedad moderna, como expresa SENNET, “la búsqueda del talento se realiza en el marco de la inclusión social”[106].

KLIKSBERG manifiesta que la cultura se construye en un ejercicio permanente a través de la familia y de la educación en un proceso sistemático[107]. Rescatamos en él la importancia de la solidaridad familiar que en nuestro país, como en tantos otros, ha permitido a muchos individuos concluir exitosamente el camino hacia la inclusión. Independientemente de las consideraciones de carácter moral, literario,  psicológico, filosófico o político que pueden llevarnos a concluir el carácter esencial de la familia para el hombre, ésta resulta el ámbito natural donde la persona se percibe como un ser social.

Aproximadamente el cincuenta y cuatro por ciento (54%) de los graduados universitarios del país provienen del sector del veinte por ciento (20%) más rico de la población y sólo dos (2) de cada cien (100) graduados proviene del veinte por ciento (20%) más pobre[108].

La educación es “la característica productiva más importante del trabajador” y es necesario que esa educación sea de calidad para que impacte en los ingresos de los trabajadores[109]. Uno de los grandes problemas es la falta de equidad educativa pero el logro de la equidad podría ser planteado como buena calidad para todos los estudiantes universitarios[110] porque la jerarquía de esa enseñanza es “la llave para escapar”[111] del estado en que se encuentran los individuos tanto social como laboralmente. La calidad universitaria “es un reto social para el desarrollo de un país”[112].

En el sistema universitario argentino, la consolidación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) como ente de evaluación y acreditación universitaria[113] permanente y obligatoria ha contribuido a incrementar la calidad en éste ámbito pero aún queda mucho por hacer. Sin embargo, el hecho de que no se requieran demasiadas materias aprobadas por año para mantener la regularidad (en general son dos) no ayuda a mantener un alto nivel de calidad de los estudios universitarios[114].

Como ha apuntado GUSSONI, hoy el acceso al mercado de trabajo está condicionado al nivel de educación y por ello es necesario recuperar la vocación transformadora de la enseñanza “para la superación de las limitaciones de origen social”[115].  Tanto las posturas libertarias como las igualitarias coinciden en que las oportunidades de los individuos deben ser equitativas para que cada uno pueda diseñar su plan de vida por lo cual con ayuda estatal por parte de los primeros o en el juego de la libre competencia para los segundos, resulta equitativo que se intensifique el acceso a la educación universitaria[116].

Esta tarea de promoción es difícil y de largo aliento porque como opina Monseñor OJEA, “la educación para la inclusión es un proceso que nunca está acabado, ya que constantemente suelen aparecer diferentes barreras que excluyen o discriminan a los alumnos o que limitan su aprendizaje o pleno desarrollo como personas”[117].

5.2.        Justicia social de la educación universitaria

En el año 2012 existían en Argentina ciento diecisiete (117) instituciones de educación superior de las cuales cincuenta y seis (56) eran de gestión estatal, tanto nacional como provincial, y cincuenta y nueve (59) de gestión privada. Además existía una institución internacional y la sede de una universidad extranjera. El cuarenta y seis por ciento (46%) de estas instituciones se ubican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense[118] donde habita el treinta y dos por ciento (32%) de la población del país conforme un informe de Caritas-Observatorio de la Deuda Social Argentina del año 2011[119].

En el año 2009 el ochenta por ciento (80%) de los un millón seiscientos cincuenta mil ciento cincuenta (1.650.150) alumnos de nivel superior de la Argentina cursaban sus estudios en entidades estatales[120] y esas cifras no deben haber variado demasiado en la actualidad e indican que debe darse importancia a las estrategias políticas de educación pública universitaria y coordinarlas con las instituciones privadas.

Las tasas de crecimiento de la población de estudiantes de nivel superior si bien se han mantenido en valores positivos han perdido la aceleración que tuvo a mediados del siglo pasado tanto en las universidades públicas como en las privadas y ha sido mayor el crecimiento en estas últimas. La dinámica de este indicador no resulta alentadora más aún cuando en el año 2004 el veinticinco por ciento (25%) de esos estudiantes eran de nivel superior no universitario[121].

La tasa bruta universitaria (cantidad de estudiantes universitarios sobre la población de entre 18 y 24 años[122]) en Argentina subió de veinticinco por ciento (25%) en el año 2001 a treinta y cinco con dos por ciento (35,2%) en el año 2009. Si se considera la educación superior, es decir universitaria y no universitaria, la última tasa (es decir la del año 2009) llega a un cuarenta y nueve con dos por ciento (49,2%)[123]. Estos datos se refieren a quienes cursan pero no al porcentaje de los mismos que efectivamente concluyen sus estudios que resultan ser quienes importan como suma al capital social del país y patentizan la realización de la justicia social.

Es valiosa la obtención de un título universitario pero también es inestimable el proceso de acceder a la graduación que produce, entre otras cosas, interacciones que enriquecen al individuo[124].

El graduado universitario, en la mayoría de los casos, al concluir su carrera percibe que la misma será una herramienta para su progreso individual y se siente útil socialmente en el sentido de “aportar algo que interesa a los demás”[125].

Desarrolla, en fin, una autoestima y una identidad que le ayuda a desarrollarse como persona y como miembro activo de la comunidad en la que vive y trabaja[126].

La educación, como proveedora de conocimiento, ha sido el motor de innumerables cambios que a su vez se han multiplicado exponencialmente[127].

En algunas universidades privadas de nuestro país y en varias universidades públicas de otros países se ejecutan programas que suponen la contribución económica de los graduados para el otorgamiento de becas o constitución de un Fondo Solidario para ayudas financieras. La República Oriental del Uruguay[128], en ese sentido, por ley 16.524, de agosto de 1994, creó un Fondo de Solidaridad para financiar el sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional que se integra con los aportes anuales de todos los egresados de dicha universidad que se encuentren en actividad una vez cumplidos los diez años de expedición o de reválida del título. Dicho aporte anual se fija entre un mínimo de un salario mínimo nacional y un máximo de cuatro y se efectúa a través de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Profesionales. Asimismo los egresados del nivel terciario del Consejo citado realizan su aporte[129]. Esta iniciativa resulta solidaria pero además es de justicia social que los profesionales en actividad proveen una ayuda a la comunidad, dentro de sus posibilidades, para el incremento de graduados universitarios.

Es importante la comprobación empírica de las consecuencias efectivas tanto económicas como sociales de la educación universitaria para revertir la desigualdad. NINO señala la existencia de estudios que demuestran y explican los efectos sociales positivos que otorga el acceso de las personas de bajos recursos a la educación universitaria e insiste en la necesidad de invertir en ello[130] como camino hacia la justicia social.

5.3.        RS para contribuir activamente al DS

La RS aplicada a acciones que provean inclusión social a través de la educación universitaria, deberían, a nuestro criterio, para tener sustentabilidad, dirigirse a la sociedad[131] toda buscando asegurar el desarrollo individual y social de las personas involucradas para que se conviertan en promotoras de la educación superior. Se afirma que existen procesos isomórficos a partir de los cuales se produce una especie de imitación de conductas[132] por lo que seguramente toda conducta que se exteriorice en este sentido será una semilla que germinará en el mediano o largo plazo también en distintos ámbitos vinculados o no directamente con la enseñanza universitaria pero con posibilidades de favorecerla.

Un estudio realizado en Brasil insta a tomar las lecciones de las propias familias de los jóvenes para ayudarlos a afrontar el desafío educativo[133]. A nuestro criterio, debe ayudarlos a iniciar la carrera universitaria pero apoyarlos también para que lleguen a una exitosa finalización de la misma. Como hemos dicho, en este proceso de aprendizaje universitario, el apoyo familiar resulta fundamental ya que el hombre tiene su referencia social básica en ese ámbito.

Hemos citado varios trabajos sobre nivel de educación en América Latina y en la República Argentina pero vemos la necesidad de realizar investigaciones en forma continua y permanente con el fin de comprender la situación del acceso a la universidad y las condiciones que enfrentan los jóvenes para mejorarlas con el aporte de los profesionales universitarios que ya han concluido sus estudios.

Cuando nos referimos a programas específicos de investigación descartamos la elaboración de ensayos sólo teóricos que no consideren evidencias empíricas[134].

Hoy el trabajo de concentrar la investigación realizada lo desarrolla, de alguna manera, la Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación (REDUC) pero se hace necesario apostar a una convergencia de todas las investigaciones nacionales para poder actuar con bases sólidas sobre los problemas y dar propuestas superadoras de los inconvenientes detectados y alternativas de mejora a las acciones ya realizadas[135].

En el año 2011 se realizó el quinto censo universitario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) luego de los censos realizados en los años 1992, 1996, 2000 y 2004[136] proveyendo datos valiosos para analizar la situación universitaria visto la envergadura y prestigio de dicha universidad. Entendemos que sería meritorio que la UBA liderara la iniciativa para que todas las universidades nacionales realicen su censo así como la implementación por su parte de un censo de doctores en las distintas disciplinas ya que los académicos pueden contribuir favorablemente a mejorar la calidad de la educación universitaria.

Nunca es demasiado lo que se hace a favor de la educación universitaria por eso nos permitimos en este trabajo aportar distintas ideas sabiendo que por lo menos alguna de ellas podrá concretarse y será un ladrillo más para construir la sólida estructura de capital social que nuestro país se viene consolidando.

6. Propuestas concretas

El rol de toda universidad, como lo expresa el actual Rector de la Universidad de Buenos Aires Dr. Alberto BARBIERI en relación a dicha casa de estudios, “es formar ciudadanos comprometidos con valores universales como la igualdad, la solidaridad, el respeto a la dignidad de las personas, la paz, la libertad y la democracia”[137]. Por eso si las universidades cumplen, si más no fuere parcialmente este programa que se les asigna, resultan una herramienta indiscutible de desarrollo sostenible con inclusión social.

Para ayudar a esta tarea que realizan las casas de estudios superiores, y luego de la exposición realizada en este trabajo, brindamos algunas propuestas de acciones concretas a implementar tanto en el marco de los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas como fuera de él, a saber:

• Diseñar y realizar investigaciones en forma continua y permanente sobre el acceso a la universidad de las carreras en ciencias económicas en cada jurisdicción de los Consejos Profesionales analizando las condiciones de acceso a las mismas, detectando las dificultades de acceso y continuidad, calidad de la educación, nivel de graduados y tiempo empleado para la obtención del título.
• Desarrollar un sistema de padrinazgo-madrinazgo profesional con el fin de dar orientación a los estudiantes de ciencias económicas en la jurisdicción de cada Consejo Profesional. Asimismo aplicar este sistema a los graduados que se proponen realizar estudios de postgrado.
• Incentivos financieros basados en  el mérito académico y la necesidad económica para estudiantes universitarios en cada jurisdicción de Consejos Profesionales para el acceso, continuidad y finalización de carreras en ciencias económicas a través de la constitución de un Fondo Solidario Profesional Voluntario. Asimismo aplicar este sistema a los graduados que se proponen realizar estudios de postgrado.
• Ayudas económicas basadas en  el mérito académico y la necesidad económica para transporte, material de estudio, alimentación y salud para los estudiantes universitarios de carreras en ciencias económicas en cada jurisdicción de Consejos Profesionales a través de la constitución de un Fondo Solidario Profesional Voluntario.
• Ayudas económicas familiares para estudiantes universitarios en cada jurisdicción de Consejos Profesionales para educación (material escolar, transporte, entre otros) y salud  de los padres, cónyuges o hijos basados en  el mérito académico y la necesidad económica.
• Ayudas académicas de consulta y préstamos de libros a los estudiantes de ciencias económicas de los Consejos Profesionales en su jurisdicción basados en  el mérito académico y la necesidad económica.
• Programas de convergencia de investigadores en temas vinculados con la Educación Universitaria.
• Censo universitario de todas las universidades nacionales liderado por la Universidad de Buenos Aires.
• Censo de doctores en las distintas disciplinas de las ciencias económicas.
• Articular el trabajo de los actores privados con el sector público para algunas acciones puntuales y fundamentalmente para la concreción de los objetivos de una política nacional de educación universitaria.

Sólo con el esfuerzo, preocupación, voluntad y solidaridad de los graduados universitarios será posible que la herramienta de la educación universitaria resulte eficaz para lograr un desarrollo sostenible del capital humano argentino donde no haya excluidos de ningún tipo.

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